Una ONG salvadoreña exige a los diputados que reprueben una nueva ley de amnistía

El diputado Rodolfo Parker (d), del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó a una comisión especial de la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de “reconciliación nacional” que ha sido criticada por defensores de derechos humanos. EFE/Archivo

San Salvador, 15 mar (EFE).- La organización social y de derechos humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” pidió este viernes a diputados del Congreso que “respeten” a las víctimas del conflicto armando de El Salvador y se “abstengan” de aprobar un “nueva ley de amnistía para beneficiar a los victimarios”.

El diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), presentó a una comisión especial de la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de “reconciliación nacional” que ha sido criticada por defensores de derechos humanos, ya que, según estos, “significaría una nueva amnistía para los involucrados en los crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

A criterio de Miguel Montenegro, uno de los representantes de la organización, dicha iniciativa “no va a favor de las víctimas, sino que busca garantizar la seguridad de los victimarios”.

“La víctimas y sus familiares siguen exigiendo justicia y no se puede proponer algo que no va a favor de las víctimas, sino que va a garantizar la seguridad de los victimarios señalados por la Comisión de la Verdad como autores de crímenes de lesa humanidad y de guerra”, señaló Montenegro.

El representante de Tutela Legal instó a los diputados a que “tomen en cuenta la opinión de las víctimas y de organismos internacionales de derechos humanos y rechacen la propuesta que no viene a consolidar la paz ni la justicia”.

“No queremos que (los diputados) protejan a los victimarios, queremos que se pongan de lado de la justicia “, añadió.

El diputado Parker es señalado en el informe de la Comisión de la la Verdad de la ONU de 1993 de alterar declaraciones sobre la masacre de 6 padres jesuitas en 1989 “para ocultar las responsabilidades de altos oficiales en el asesinato”, cuando era miembro de una “comisión de honor” nombrada por el Gobierno para investigar el caso.

La anulación de la amnistía en 2016 permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de El Mozote, la matanza de los seis padres jesuitas y el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero de 1980.

Según el referido informe, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del batallón de elite Atlácatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros sitios aledaños.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

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