El Gobierno retrasa el decreto del teletrabajo de los funcionarios y no se aplicará completamente hasta agosto

El Gobierno retrasa el decreto del teletrabajo de los funcionarios y no se aplicará completamente hasta agosto

Función Pública Los funcionarios podrán teletrabajar hasta tres días a la semana a partir de enero

El decreto que regulará el teletrabajo de los funcionarios no se aprobará hasta el próximo mes de febrero, y su aplicación completa no estará lista hasta el próximo mes de agosto. Esto supone que, a pesar de la sexta ola de la pandemia del coronavirus, el Gobierno ralentizará los plazos de la medida, ya que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, apuntó que su intención era tenerla lista ya en enero.

«La Administración espera poder publicar el texto del decreto en el Boletín Oficial del Estado a finales de febrero de 2022», explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). «Y la implantación no será hasta agosto», añaden fuentes de este mismo sindicato, que denuncian que «es necesario acortar los plazos indicados».

«Hay un régimen transitorio hasta agosto», refrenda Antonio González, portavoz de UGT Servicios Públicos para la Administración General del Estado, al tiempo que añade que en algunos ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) sí se podrá comenzar a aplicar la medida antes del verano.

«Ante la sexta ola se ha estado funcionando con una resolución que sólo permite teletrabajar el 20% de la jornada, un día a la semana. Y esto contrasta con la situación de la empresa privada, donde hay más posibilidad de desarrollar el teletrabajo para evitar los contagios. Urge desarrollar esta norma», retoman en CSIF. El Ministerio de Función Pública, por su parte, se limita a apuntar que se está trabajando en la medida y que se aprobará lo antes posible, aunque prefiere no ofrecer públicamente las fechas que sí le adelantó a los sindicatos en la reunión que ambas partes mantuvieron en los últimos días del pasado año.

En ese encuentro, los representantes sindicales también plantearon a Función Pública otras quejas, como por ejemplo el hecho de que el Gobierno haya retrasado hasta el 31 de diciembre de 2023 el plazo para facilitar a los funcionarios los dispositivos telemáticos necesarios.

En los criterios generales que se pactaron con el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, se fijó que la «Administración proporcionará para el teletrabajo un equipo informático con tarjeta de datos y aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad». Los sindicatos consideran que los funcionarios deberían tener acceso a esas herramientas y equipos de manera inmediata, porque en caso contrario deberán emplear sus propios equipos.

El mismo documento estableció que, en aquellos ámbitos de la AGE que lo permitan, los funcionarios y trabajadores públicos podrán teletrabajar el 60% de su jornada laboral. «La modalidad general de teletrabajo, en cómputo semanal, consistirá en dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo. La jornada de teletrabajo será la que corresponda de acuerdo con el calendario laboral, instrucciones de jornada y horarios, y se podrá disponer de mecanismos de control de jornada, fichaje y seguimiento de gestión», se apunta en el texto.

Sin embargo, para determinados supuestos, el teletrabajo podría llegar incluso al 90% de la jornada. «Se podrá articular una modalidad de teletrabajo con una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, dirigida expresamente a atender circunstancias organizativas especiales, como favorecer la presencia de la Administración del Estado en el territorio, en zonas en declive demográfico, o atender la prestación de servicios en ámbitos geográficos de difícil cobertura», añade el texto.

Con esto se quiere, por una parte, facilitar la residencia en la España vacía limitando el número de desplazamientos exigidos al puesto de trabajo, pero también evitar que los empleados públicos rechacen determinadas plazas. Un ejemplo, que exponen desde UGT, es el de algunos puestos en Ibiza, en donde los elevados precios de los alquileres hacen que los funcionarios rechacen esos puestos y hacen que queden desiertos.

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